Circular 6 – Sentencia Tribunal Constitucional, en virtud del recurso de inconstitucionalidad
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Circular 6 – Sentencia Tribunal Constitucional, en virtud del recurso de inconstitucionalidad

17/02/2021 – Sentencia Tribunal Constitucional, en virtud del recurso de inconstitucionalidad núm. 2577-2020 interpuesto contra el Decreto-ley 17/2019, de 23 de diciembre y el Decreto-Ley 1/2020, de 21 de enero de la Generalitat de Cataluña

 

El pasado 28 de enero de 2021, el Tribunal Constitucional (TC) resolvió el recurso de inconstitucionalidad 2577-2020 presentado por el PP solicitando la declaración de inconstitucionalidad del Decreto-ley del de la Generalitat 17/2019, de 23 de diciembre y el artículo único del Decreto-ley 1/2020, de 21 de enero. El TC acabó considerando inconstitucionales y, por lo tanto, nulos, los artículos 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.10, 2.11, 2.12, 4.2, 4.5, 5.5, 5.6, 5.7, 6.3 y 6.6 así como la disposición transitoria primera del Decreto ley 17/2019.

El TC argumenta en su Sentencia que gran parte de los preceptos (2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 y 5.5) se declaran inconstitucionales, al regular aspectos que afectan a los elementos esenciales del derecho de propiedad y consecuentemente su función social consagrada en el artículo 33 de la Carta Magna, por lo que considera que dicha materia supera el ámbito de la figura del Decreto ley (Artículo 86 CE). En este sentido se declara inconstitucional la nueva definición que hace el Decreto sobre el concepto de “vivienda vacía”, al entender que se trata de una consecuencia derivada del incumplimiento de la función social de la propiedad.

En esta misma línea, el TC considera que los artículos 4.2, 5.6, 5.7 y 6.6. son inconstitucionales puesto que su contenido afecta a los elementos esenciales del derecho de propiedad que exceden del ámbito regulatorio del Decreto ley. De este modo, y como consecuencia de dicha sentencia, ya no es aplicable a los grandes tenedores la obligación de ofrecer una propuesta de alquiler social a los inquilinos morosos o a personas con falta de título jurídico que habilite la ocupación, con anterioridad a la interposición de una demanda de desahucio. A efectos prácticos ello implica que se puede volver a proceder directamente al ejercicio de las acciones legales oportunas. Es importante tener en cuenta que este Decreto-ley pretendía cambiar la concepción de gran tenedor, puesto que configuraba al gran tenedor como aquel sujeto que tuviese más de 15 viviendas, circunstancia que el TC declara nula.

Por el contrario, el TC considera los índices de referencia constitucionales, en tanto que los define como simples criterios orientadores que pueden contribuir a ordenar el mercado de la vivienda, pero que no tienen ninguna afectación sobre las posibilidades de negociación a la hora de determinar la cuantía del contrato de arrendamiento, la única consecuencia de la superación del índice es la pérdida de la posibilidad de obtener ayudas públicas (art. 8.4 Decreto ley 17/2019).

La Sentencia no entra en el fondo de la cuestión planteada. Declara inconstitucional una serie de preceptos que considera que tienen una afectación directa en el derecho de propiedad y la concepción social del mismo que en la práctica supone la expropiación del derecho de propiedad, y determina que excede de manera clara las posibilidades de un Decreto-ley. No obstante, la Sentencia no realiza mención alguna a la eventual inconstitucionalidad de los mismos por resultar contrarios al derecho de propiedad. En consecuencia, la sentencia no puede resultar una guía acerca del criterio que utilizaría el Tribunal Constitucional si se regularan dichas cuestiones con una norma de rango suficiente, puesto que no entra en aspectos materiales-sustantivos.

Igualmente, el TC refuerza su decisión argumentando la inexistencia de una situación de urgente necesidad para justificar el Decreto-ley cuando en Cataluña se han elaborado leyes de manera ágil, especificando que en algunos casos se ha hecho en periodos de dos meses sin necesidad de recurrir al artículo 86 de la CE.

Lo que sí que deja claro el TC es que estas limitaciones del derecho de propiedad tienen la consideración de expropiaciones y no de delimitaciones, hecho que necesariamente conlleva la afirmación que si se regulara una norma con rango de ley con esta regulación, y el TC no lo declarase inconstitucional, los propietarios tendrían derecho a ser indemnizados/compensados por los perjuicios ocasionados (justiprecio en términos de la Ley de Expropiación Forzosa), compensación que no sería posible si tuviera la consideración jurídica de delimitación, puesto que son afectaciones que los propietarios deberían soportar.

Cordialmente,

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